El oscuro interés en desregularizar el servicio de transporte de viajeros en taxi

Es sabido que, desde hace tiempo, se observa el intento de fraguar entre determinados poderes económicos y la Administración Publica un contubernio para desregularizar el servicio de transporte de viajeros en taxi. Parece que para algunos esta actividad, que a todos los efectos es de carácter esencial y clave para la movilidad, se presenta como una oportunidad de ampliar su intervencionismo monopolista con este foco productivo de interés público.

Además, esto se intenta recurriendo a interpretaciones subjetivas interesadas de la normativa que ampara el derecho de libre mercado, en este caso, para privar a los ciudadanos de disponer de un servicio de taxi que garantiza -con tarifas obligatorias establecidas bajo mínimos de rentabilidad por la propia Administración-, la movilidad por carretera puerta a puerta de cualquier ciudadano. Un servicio, por otra parte, con las máximas garantías de seguridad, confort y profesionalidad del personal que desarrolla la actividad, bajo criterios que son también la propia administración y los consumidores quienes los establecen y vigilan.

Este asunto se ha visto destapado en la ciudad de Córdoba en los últimos días y está centrando la atención general del sector en todo el Estado, por la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados además de algún sindicato, que se oponen a la nueva Ordenanza del Taxi que presenta ese Ayuntamiento andaluz.

Pero no hace falta ir tan lejos. Aquí, en Santa Cruz de Tenerife, vivimos la misma suerte con la particularidad de que, además de perseguirse el mismo fin, se está coaccionando con exigencias (que no se piden a ningún otro taxista de España), para que dado el desmesurado exceso de licencias que se ofertan sea abandonada la actividad. Es decir, se fuerza a los profesionales a abandonar sus taxis por la insostenibilidad que causa el propio Ayuntamiento al no asumir convenientemente reducir licencias tras irregularmente descompensar la oferta de transportes públicos en nuestro municipio. Toda una temeraria irresponsabilidad.

Algunos mal informados podrán pensar que la liberación del servicio del taxi es conveniente y favorecerá bajada de precios y oferta de mejor calidad por competitividad. Pero, pudiendo presumir de que conocemos la realidad y el interés de los usuarios del taxi, sería un varapalo muy serio para el general de los ciudadanos quedar en manos de empresarios a los que no podrán poner cara, que sabemos nos esta saliendo muy caro. Y, en todo caso, se presenta una situación complicada para nuestras administraciones publicas que pasarían de estar imponiendo prácticamente a su antojo obligaciones a los taxistas, a tener muy pero que muy probablemente que indemnizar económicamente a decenas de miles de concesionarios indefinidos de las licencias que ofertaron y otorgaron bajo criterios de interés públicos.

No hay que olvidarse de “que si bien, los taxistas asumimos la obligación de explotar nuestros taxis a riesgo y ventura sobre posibles modificaciones de nuestras circunstancias personales, no así cuando las circunstancias socioeconómicas municipales sufren cambios que desequilibran de forma insostenible la oferta y demanda del servicio, donde es la Administración quien a de asumir la restructuración del servicio ya que los taxistas tenemos derecho a que se nos garantice la sostenibilidad sobre mínimos de rentabilidad, condiciones laborales y salariales similares a las que se daban al momento de justificarse la creación y otorgamiento de nueva licencia de taxi para cubrir la demanda municipal por carencia de transporte en interés público”.

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